Regulación y comunicación en Ecuador

                                     

Ha pasado un año desde el 14 de junio de 2013, cuando la Asamblea Nacional ecuatoriana, pese a los obstáculos de los grupos de poder, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación como una herramienta política y social de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, para que puedan expresarse libremente, sin ser discriminados; dado que en Ecuador,  igual que en otros países latinoamericanos, la información y la comunicación han sido manejadas como un negocio de las grandes corporaciones transnacionales, quienes actuaron como grupos de presión, usando los medios de comunicación que se encontraban en sus manos para subordinar las instituciones del Estado a sus intereses, así como sostener el modelo económico neoliberal en perjuicio de los derechos ciudadanos.

Es importante mencionar, que para el año 2007, la comunicación en Ecuador se caracterizaba por el dominio corporativo y privado sobre la radio y televisión. El 93,2 por ciento de los medios estaba en este sector, el 6,8 por ciento eran medios públicos y no existía ningún medio de comunicación comunitario. Asimismo, el ejercicio profesional se realizaba de forma precaria.

Nadie se preocupaba por los trabajadores de apoyo como fotógrafos, camarógrafos, locutores, libretistas, sonidistas, entre otros, quienes ganaban mucho menos que el salario mínimo vital, que en Ecuador se encuentra en 340 dólares. A un año de aprobada la ley, más de mil trabajadores de apoyo de actividades comunicacionales se profesionalizarán. En cuanto a medios comunitarios, de 0 en el 2007, hemos incrementado a un 5%, siendo la meta el 34 por ciento del espectro radioeléctrico que estaría ocupado por los pueblos originarios, las mujeres populares, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, consumidores, entre otros grupos históricamente excluidos.    

Otro de los logros de la Ley, es la creación de una institucionalidad de prevención y protección del derecho de los ciudadanos a la comunicación e información, pudiendo cualquier persona, de forma individual o colectiva, demandar por daños a los medios,  cuando la información es inexacta, distorsionada, afecta la imagen, la intimidad, la honra, la reputación, o se burla y ridiculiza a personas y grupos sociales.

A la cabeza de esta institucionalidad, esta el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, siendo nuestra misión, generar política pública para garantizar una comunicación sin censura previa, con responsabilidad ulterior y sin discriminación.

En el espacio de la tutela, se encuentra la Superintendencia de la Información y Comunicación, que se encarga de determinar  responsabilidades ulteriores y aplicar las medidas administrativas para reparar los daños producidos a la intimidad, la honra, la reputación de las personas u otros derechos afectados a través de los medios de comunicación social.

Sin duda, para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y el resto de las instituciones del sector, quedan muchos desafíos en la tarea de reducir las brechas en la comunicación, especialmente a favor de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, pueblos y nacionalidades. Debemos reducir, por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres en la actividad periodística: el 64% de trabajadores de la comunicación son hombres y el 36% mujeres. Hay que reducir la precarización laboral: el 51% de los trabajadores de la comunicación no poseen título profesional, y promover una comunicación intercultural: Menos del 8% de indígenas, afrodescendientes y montubios trabajan en los medios de comunicación, y menos del 1% son representados positivamente en los contenidos.

Estos desafíos serán posibles de concretar, en cuando se fortalezca el valor de la comunicación como un servicio público y la información como un bien público, y no como  mercancías; por cuanto en estos días, presentaremos una propuesta de enmienda a la Constitución de la República,  convencidos de que este derecho es interdependiente de los otros derechos humanos. Sin comunicación no hay salud, no hay educación, no hay agua, no hay soberanía, ni diversidad, ni igualdad, ni democracia.