En ese sentido, existen instrumentos
internacionales de derechos humanos, como la Declaración de Principios de
Ginebra sobre la Sociedad del Conocimiento (2003), el Plan de Acción de Ginebra
(2004), el Compromiso de Túnez (2005) y la Agenda de Túnez para la Sociedad de
la Información (2005), que expresan el espíritu de la ONU con respecto a la
comunicación, considerada como “un proceso social fundamental, una necesidad
humana básica y el fundamento de toda organización social.” Para la
ONU, todas
las personas, en todas partes, deben tener la oportunidad de participar, y
nadie debería quedar excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la
Información”
Estos beneficios están vinculados al
acceso a la infraestructura y tecnologías de la información y comunicación, así
como a la información y el conocimiento, creación y desarrollo de capacidades,
confianza en el uso de las TIC, promoción de la diversidad cultural, libertad
de expresión con ética y responsabilidad y divulgación democrática del
conocimiento científico y los saberes ancentrales.
Cabe mencionar, que la Constitución de
la República de Ecuador, en el artículo 387, expresa que la sociedad del conocimiento es un
imperativo para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo; y, en los
artículos 16, 17, 18 y 19, establece a la comunicación e información, como
derechos constitucionales de directa e inmediata aplicación, siendo importante
destacar que este marco constitucional revela la voluntad del Estado
ecuatoriano de cumplir con los compromisos adquiridos en Ginebra y Túnez para
la construcción de una sociedad del conocimiento, que respete la dignidad
humana.
Así mismo, exinste dispositivos
institucionales para garantizar estos derechos y principios de nuestra
Constitución, se encuentran expresados en la Ley Orgánica de Comunicación, como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
(CORDICOM), la Superintendencia de la Información y Comunicación y la autoridad de telecomunicaciones, asumida por el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), así como otros organismos, encargados de la rectoría de políticas públicas.
Distinto a las expresiones de algunos propietarios
de medios de comunicación nacionales y transnacionales, agrupados en la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), la institucionalidad
del sistema de comunicación social, lejos de “amordazar” o “perseguir” a la
“prensa independiente”, como lo señala su
último informe -cabe decir, por
demás impreciso y poco fundamentado- tiene un rol fundamental para democratizar
la información y la comunicación, el acceso a la infraestructura
tecnológica y las tecnologías de la información y la comunicación, además de proteger
los derechos humanos en el marco de las actividades comunicacionales, así como el ejercicio justo, ético y responsable de nuestro derecho a hablar.
Es reprochable que la SIP, en lugar de
defender los derechos de las mujeres, que corresponden a la mitad de la
población, proteja las políticas de dominación de género, que refuerzan el
estereotipo de la mujer como objeto sexual de consumo masculino; en cambio, callan la
vulneración de derechos laborales por parte de medios impresos ecuatorianos propiedad de
sus directivos.
Cuán importante sería que este “Club
de Amigos” que conforman la SIP, practiquen
la solidaridad, participando, junto al Estado ecuatoriano y otros actores del
sistema de comunicación social, en la Agenda de Ginebra y Túnez para la
construcción de la sociedad del conocimiento, observando el llamado que la ONU
realiza a los medios para un tratamiento informativo ético y responsable más
riguroso.
Cuán importante sería, que la SIP,
oriente la información sobre asesinatos, violencia y discriminación, más allá de la “crónica roja”, abordando estos
temas como fenómenos sociales, producto de los grandes problemas mundiales del
desarrollo. Tal parece que para este gremio de empresarios, la pobreza sin
escándalos, no vende ejemplares.
Por estas razones, el derecho a la
resistencia, consagrado en la Constitución ecuatoriana, tiene que ejercerse
desde la sociedad en la lectura crítica de noticias y contenidos, como
mecanismos de control social para construir una sociedad de la información con
enfoque de derechos y no de mercancías.
Haciendo propias las palabras de
Ramonet, en el colofón de estas reflexiones, pese a que los globalizadores
habían declarado que el siglo XXI sería el de las empresas globales, estamos convencidos de que será el siglo en que la comunicación y la información pertenecerán,
finalmente, a todos los ciudadanos.
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