Martes, 10 Mayo
2016
Por Fernando Arellano Ortiz
Entrevista con Paulina Mogrovejo del Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) de Ecuador.
El reto de América Latina si proyecta promover su
integración política es el de generar redes regionales de medios públicos y
comunitarios que intercambien contenidos, conocimientos y experiencias frente a
la homogeneización de la globalización, afirma Paulina Gabriela Mogrovejo
Rengel, representante del Defensoría del Pueblo en el Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) de Ecuador.
Esta abogada y periodista explica además en este diálogo
periodístico que la integración regional “debe plantearse un horizonte que
apunte al desarrollo de la industria cultural, lo que implica ofrecer las
condiciones de emergencia de un mercado común de productos y servicios
culturales”.
Con un amplio recorrido académico, Mogrovejo Rengel,
doctora en Jurisprudencia, licenciada en Ciencia Política, especialista en
Derechos Humanos, investigadora social, reportera y docente universitaria,
analiza en detalle en esta entrevista, la guerra comunicacional que se libra en
América Latina, la concentración mediática, los alcances de la legislación que
sobre democratización y acceso a las frecuencias de radio y televisión se ha
expedido en algunos países latinoamericanos, así como hace un balance de la Ley
Orgánica de Comunicación en el Ecuador que ya llega a los tres años de
promulgada.
Garantizar calidad de la comunicación es garantizar
calidad de la opinión pública y de la democracia
Afirmar que los medios de comunicación hegemónicos en
América Latina son actores políticos que desarrollan estrategias para
contribuir a dar “golpes blandos” a los gobiernos progresistas de la región, es
redundar en el análisis. ¿Desde la institucionalidad de un Estado se puede
enfrentar la guerra política de los oligopolios mediáticos, o es más un aspecto
de generar hegemonía mediante la producción de sentido común?
Es evidente que, en el mundo contemporáneo, la
‘realidad’, en gran medida, se construye desde los medios de comunicación
social. Por ejemplo, la ‘realidad’ que en Ecuador o Colombia conocemos de Argentina
o Venezuela es aquella que nos llega por los medios de comunicación, sobre todo
aquellos de mayor alcance. En este sentido, es fundamental comprender que el
relato de los hechos que se difunden en los medios está influido por las
personas y grupos que con su propia ideología e intereses los dirigen. En el
marco de estas prácticas, no todas las personas, organizaciones sociales,
partidos, movimientos políticos o colectivos; entre otros actores sociales,
gozan de una libertad de expresión efectiva que les permita visibilizar sus
ideas y realidades. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad -más que de enfrentar una guerra- de
defender, hacer respetar y garantizar el derecho de toda la sociedad a una
comunicación e información veraz, intercultural, diversa, incluyente, participativa, ética, sin censura ni
autocensura y hecha con responsabilidad. En el caso de Ecuador, donde 9 de cada
10 medios de comunicación históricamente han sido de propiedad privada, la
política pública de comunicación del Estado debe revertir esta situación y
asegurar la pluralidad, diversidad y justicia en el acceso a medios de
comunicación social, tanto en la propiedad como en la producción de nuevos
sentidos. Garantizar la calidad de la comunicación e información a través de
todos los mecanismos institucionales que sean necesarios, implica garantizar la
calidad de la opinión pública y en consecuencia, la calidad de la democracia.
¿En qué medida la expedición de legislación para
democratizar el acceso a las frecuencias radioeléctricas de sectores populares,
comunitarios y académicos que se ha venido dando en buena parte de Suramérica
ha contribuido a enfrentar la batalla mediática impulsada y sostenida por el
gran capital transnacional y las élites locales?
El objetivo de los Estados frente a los abusos de los
poderes fácticos, siempre debe ser la defensa de los derechos humanos, entre
ellos el de la comunicación. En esa línea, la existencia de medios comunitarios
es un importante avance en la creación del espacio para la difusión de otras
realidades. Democratizar el acceso a las frecuencias es una tarea compleja y va
más allá de la normativa, por lo que requiere la intervención de la mayor
cantidad de actores y ciudadanía posible. Desde sus inicios, las distintas
normativas e instancias públicas de comunicación, al impulsar un nuevo orden en
la distribución de las frecuencias para radio y televisión que reivindique al
sector comunitario, resiste una agresiva campaña de desprestigio por parte de
los conglomerados mediáticos que se rehúsan a una redistribución democrática.
Por otra parte, las personas deben saber que crear nuevos medios públicos y
comunitarios conlleva varios aspectos. Entre ellos, el inicio de procesos de
reversión transparentes para disponer de frecuencias que hoy son de propiedad
privada e implementar medidas de acción afirmativa, a fin de garantizar la
sostenibilidad económica, social e institucional de estos nuevos medios. La
meta de estas acciones es que los medios comunitarios y públicos no dependan de
la voluntad política del Gobierno de turno. Afianzar la presencia de medios
comunitarios perdurables en el tiempo implica la existencia de organizaciones
sociales maduras; es decir, organizaciones con autodeterminación y autonomía en
todos los aspectos e interesadas en proteger y consolidar estos medios.
Finalmente, la capacitación y formación profesional de las comunicadoras y
comunicadores es otro aspecto esencial
en el que se debe profundizar el trabajo. Defender y democratizar el pleno ejercicio
de los derechos a la comunicación e información de colectivos, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades implica grandes desafíos.
Por la reciente experiencia argentina en la que el
presidente Mauricio Macri ha desconocido la institucionalidad que creó la Ley
de Medios expedida en 2010 con el propósito de dejarla sin vigencia, ¿se podría
afirmar que no basta simplemente con el instrumento legal? ¿Qué estaría
haciendo falta?
En el caso argentino es indudable el doble estándar en el
discurso de algunos actores políticos, alrededor del respeto a la libertad de
expresión. Por ejemplo, la salida de Telesur desnuda un acto de censura
gubernamental ante el cual, organizaciones como la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), guardan un silencio cómplice. Asimismo, es claro que la
modificación de la Ley de Medios por decreto presidencial, sin pasar por debate
y aprobación en la legislatura, con el fin de restaurar los privilegios de
grupos económicos y financieros claramente identificados, significa desconocer
el derecho a la libertad de expresión de amplios sectores sociales de la
Argentina. En ese sentido, las políticas argentinas de los últimos meses son
regresivas de derechos. En general, si bien las leyes de medios son un
importante avance, sostener un nuevo orden en el sector de la comunicación,
capaz de incorporar el enfoque de derechos en todos los casos, requiere
complementar la normativa con políticas públicas. De igual forma es necesario
un cambio de la matriz cultural y avizorar que el nuevo orden es dar el poder y
herramientas a la ciudadanía para la autodefensa de su libertad de expresión y
los demás derechos humanos. También es importante desmontar varios mitos que
desde algunos medios se han edificado sobre la defensa de los derechos de la comunicación
y las instituciones que los defienden. Por citar un caso en el Ecuador: los
derechos de rectificación y réplica han sido presentados como un ataque a la
prensa. Nada más alejado de la verdad. La rectificación y réplica son
mecanismos para evitar que las personas sean acosadas, perseguidas,
descalificadas, silenciadas o castigadas por pensar distinto.
¿En la disputa mediática de las audiencias, qué rol han
jugado los medios públicos, en su país, el Ecuador? ¿Cómo ha sido la
experiencia?
La creación y desarrollo de medios públicos en el Ecuador
ha sido un hito en la comunicación del país. Han permitido difundir contenidos
de interés público, transparentar la gestión estatal, contar con espacios de
educomunicación, promover el patrimonio audiovisual, permitir la formación y
práctica de los nuevos periodistas y comunicadores sociales en las
universidades, fomentar audiencias críticas y producir contenidos que impulsan
la autorrepresentacion de personas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades. Estos medios representan la diversidad y las múltiples voces
del país. Este tipo de medios cumplen una finalidad social que complementa la
comunicación comercial, lo cual supone una oportunidad para las audiencias que
reciben un servicio de comunicación con prevalencia de contenidos informativos,
educativos, formativos y culturales que además reflejan la realidad de los
habitantes de todo el país. En definitiva, son una piedra angular de la
Democracia. Los medios públicos proponen una mirada distinta del derecho a
comunicar.
La Ley Orgánica
de Comunicación en Ecuador que fue expedida en 2013 va a cumplir tres años de
vigencia, ¿ya se puede hacer un balance
de sus alcances en este lapso?
El balance de la Ley Orgánica de Comunicación es positivo.
La normativa ha permitido la inclusión en todos los medios de comunicación de
un 5% de contenido intercultural. Tomadas en cuenta poco o nada en el pasado,
las 14 nacionalidades y pueblos adquieren hoy un rol protagónico en la nueva
comunicación del país. Los medios de comunicación de alcance nacional
gradualmente han incluido el lenguaje de señas en su programación. Todos los
medios públicos disponen de lenguaje de señas incorporados en sus noticieros.
Entre los alcances más importantes destaca la prevención de contenidos
discriminatorios. Cuando un medio de comunicación emite información o mensajes
que discriminan a una persona o grupo social, estos son debidamente procesados
para reparar los derechos vulnerados. Instituciones como la Defensoría del Pueblo
y el Consejo de Desarrollo de la Comunicación
realizan permanentemente exhortos, pronunciamientos y calificaciones de
contenidos a favor de una comunicación incluyente y respetuosa de los derechos
humanos. Hasta el momento se han analizado 37 casos de discriminación entre los
que destacan el de una adolescente atea recriminada públicamente en televisión
nacional por su no creencia en Dios y un programa que hacía apología de la
violencia doméstica con el pretexto del humor. La Ley Orgánica de Comunicación
ha permitido avanzar en la justicia laboral y reconocimiento de los derechos de
las trabajadoras y trabajadores de la comunicación. El salario mínimo de los
periodistas aumentó aproximadamente en un cuatrocientos por ciento. Antes, un
periodista profesional recibía en promedio US$170 mensual. Actualmente, recibe
mínimo de US$817. Además, unas 1500 trabajadoras y trabajadores del sector han
sido capacitados. Otro punto positivo es el apoyo a las industrias culturales
ecuatorianas como el cine, la música y la publicidad hechas en el Ecuador.
Gracias a la Ley Orgánica de Comunicación, las radios deben destinar la mitad
de su programación musical para difundir
a los compositores, autores e intérpretes ecuatorianos.
De acuerdo con la legislación ecuatoriana la comunicación
social “es un servicio público”. ¿Qué responsabilidad para los medios y qué
alcance sociopolítico implica esta concepción?
En el Ecuador, la comunicación es un derecho
constitucional como la educación y la salud. Se garantiza a través de la prestación
del servicio público de comunicación social a cargo de las estaciones de
televisión y radio, así como los impresos, tanto de carácter público, como
privado y comunitario. Esto permite transversalizar en los contenidos
comunicacionales, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Prioriza
el principio de solidaridad en lugar de la competencia desleal y la lógica del
‘rating’ que privilegia los intereses del mercado a pesar de la libertad de
expresión. Esta definición de rango constitucional, supera la clásica visión
del servicio público atado a los medios públicos exclusivamente y apela al rol
socializador de todos los medios, independientemente de su origen. La
comunicación, al ser un derecho y un servicio a la vez, permite aplicar de forma
inédita, el derecho de las audiencias y ciudadanía a la responsabilidad
ulterior de los medios. A su vez, la comunicación como servicio público permite
al Estado prevenir prácticas abusivas en el mercado y las empresas de
comunicación. De igual forma queda garantizada la accesibilidad y asequibilidad
a las plataformas tecnológicas y otras fuentes de información. A los medios de
comunicación, sobre todo regionales y locales, les da la posibilidad de
participar en la distribución equitativa de la publicidad estatal. En la tutela
del cumplimiento de los derechos humanos se establecen parámetros para evitar
publicidad engañosa al mismo tiempo que se prioriza el interés superior de
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros grupos de atención
prioritaria.
¿En qué medida se ha avanzado en el proceso por
democratizar el acceso a las frecuencias en el espectro radioeléctrico en el
Ecuador? ¿Sigue siendo aún un reto por parte del Estado enfrentar la gran
concentración por parte de los oligopolios mediáticos? ¿Qué obstáculos se están
presentando en el camino?
Un primer paso ha sido superar décadas de concentración
de medios en manos de grupos familiares, económicos y financieros. Este proceso
comienza con la reforma constitucional en el año 2008, iniciativa que propone
rescindir los conflictos de interés existentes principalmente entre los medios
y la banca. La Constitución de Montecristi dispone la aprobación de una ley que
sustituya a la Ley de Radio y Televisión emitida durante la última dictadura,
porque alentaba la desigualdad en el acceso a la comunicación e información y
dejaba abierta la posibilidad del cierre de medios por su línea editorial.
Luego, en el año 2011, las ecuatorianas y ecuatorianos, en consulta popular,
respaldan la política estatal de desvincular las actividades de los medios de
comunicación de las presiones del sector financiero. Finalmente, en el año
2013, pese al boicot latente de algunos medios de comunicación, la Asamblea
Nacional, tras un intenso debate y análisis de cuatro propuestas, aprobó la
actual Ley Orgánica de Comunicación que estipula que la adjudicación de
frecuencias será bajo un concurso público, abierto y transparente, donde podrá
participar el sector comunitario, antes excluido. Actualmente, la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ejecuta el proceso de
reversión de más de mil frecuencias de radio y televisión, conforme los
protocolos del artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación.
¿Qué rol juega en
ese propósito fundamental de democratización de los medios el Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM)?
El CORDICOM evalúa los proyectos de contenidos
comunicacionales sobre la base de criterios técnicos y sociales, con
observancia de la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, la Ley Orgánica de Comunicación y demás normativa vigente.
Adicionalmente, el CORDICOM desarrolla medidas de acción afirmativa que
posibilitan alcanzar pluralidad de contenidos. Entre ellas el fomento de redes
de medios, compartición de parrillas, creación de repositorios de contenidos de
producción nacional e intercultural, soporte técnico, capacitación, líneas de
crédito, fondos de publicidad, entre otros.
Además de contar
con leyes para democratizar la comunicación, ¿América Latina qué otros retos
tiene pendientes para avanzar en ese propósito?
Es imprescindible lograr acuerdos mínimos a nivel
regional e identificar puntos en común como la necesidad de desconcentrar los
medios. También es necesario debatir y profundizar la democratización de
contenidos. La integración latinoamericana debe plantearse un horizonte que
apunte al desarrollo de la industria cultural, esto implica ofrecer las
condiciones de emergencia de un mercado común de productos y servicios
culturales. Pensar en redes regionales de medios públicos y comunitarios que
intercambien contenidos, conocimientos y experiencias frente a la
homogeneización de la globalización. Las mujeres, los pueblos y nacionalidades
latinoamericanas deberían juntarse desde una clave regional unificadora.
Superemos la fragmentación y los clivajes, reescribamos la visión
latinoamericana desde la descolonialidad. Lo intercultural a nivel nacional es
un primer paso pero la idea alrededor de la cual podemos sembrar nuevas
propuestas regionales requiere repensar las industrias culturales desde el sur,
con sus potencialidades generadoras de identidad y discursos diversos. Una
opción interesante sería el Banco del Sur como fuente de recursos que incentiven
la creación de medios comunitarios y de productos culturales regionales.
Quito, Ecuador.
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